El debate por el aborto legal volvió a colarse en la agenda pública, luego de que el presidente electo Alberto Fernández se haya expedido, una vez más, a favor de su despenalización. Adelantó que enviará una iniciativa al Congreso tan pronto asuma y expresó su deseo de sortear la disputa “entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y conservadores” para que se entienda que se trata de un problema de salud pública que debe resolverse. En tanto continúe clandestino, las mujeres seguirán muriendo y el negocio, moviendo cerca 15 mil millones de pesos al año.

Por Julieta Lutz Díaz @julietalutzdiaz

Fotografía: Ida Vázquez @idavazquez

No es sencillo trascender los posicionamientos que signaron al 2018, año en que se introdujo por primera vez en el recinto del Congreso de la Nación Argentina el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Si bien obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados, no alcanzó la mayoría requerida para convertirse en ley en la Cámara de Senadores.

Ante la gran expectativa social que se mantiene desde entonces, se espera que el nuevo oficialismo ingrese una nueva normativa que alcance consensos. No obstante, la iniciativa tratada el año pasado fue representada por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y cuenta con el respaldo de diputadas y diputados, senadoras y senadores, actrices, técnicos y profesionales, movimientos políticos, sociales y culturales. Aquel proyecto establecía que “en ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las catorce semanas, inclusive, del proceso gestacional”.

El Código Penal vigente acepta lo que llamamos Interrupción Legal del Embarazo (ILE) con determinadas causales, desde hace casi 100 años: evitar un grave peligro para la vida o la salud de la madre, o cuando el embarazo proviene de una violación o es producto de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Sin embargo, hasta el 13 de marzo de 2012, fecha en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se expidió a través del fallo “F.A.L.” (una chica de 15 años que había sido violada por su padrastro) no existía acuerdo alguno sobre la interpretación de estas causales.


El Código Penal vigente acepta lo que llamamos Interrupción Legal del Embarazo (ILE) con determinadas causales, desde hace casi 100 años: evitar un grave peligro para la vida o la salud de la madre, o cuando el embarazo proviene de una violación o es producto de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.

A través de esta jurisprudencia, el máximo organismo de la Justicia se pronunció a favor de la interpretación que reconoce el derecho de toda mujer víctima de violación a interrumpir el embarazo originado en tales circunstancias y no sólo en los casos de personas con discapacidad mental. Además, exhortó a las autoridades nacionales y provinciales a que implementen protocolos de atención y aseguren el acceso al aborto cuando es legal.

Desde entonces, la ILE es considerada como un piso –aunque aún existen médicos, jueces y sectores que aún niegan su legalidad- y se refuerza la necesidad de aprobar la ley IVE, dado que la punibilidad, en cualquiera de sus formas, expresa una seria problemática de salud pública. Así lo interpretan los ex ministros de Salud del Daniel Gollán y Ginés González García, además del titular de la Secretaría actual, Adolfo Robinstein, y de los posibles ministros de Salud en el gabinete de Alberto Fernández, Arnaldo Medina y Pablo Yedlin, quienes han respaldado la norma.

A nivel mundial se tienen abortos en todo momento, con independencia de lo que dicten las leyes en cada jurisdicción. Según las cifras otorgadas por la actual Secretaría de Salud, en los últimos cinco años en Argentina se produjeron entre 44 mil y 53 mil egresos hospitalarios debido al aborto clandestino. La mortalidad y morbilidad materna son las mayores consecuencias que arrastra esta grave problemática.

Las fuentes oficiales informaron que la tasa de mortalidad por aborto es de 5,9 por ciento, sin embargo, debido a la propia clandestinidad existe una enorme cantidad de muertes obstétricas que no tienen causas determinadas y esconden detrás un subregistro de muertes por aborto.


Según las cifras otorgadas por la actual Secretaría de Salud, en los últimos cinco años en Argentina se produjeron entre 44 mil y 53 mil egresos hospitalarios debido al aborto clandestino. La mortalidad y morbilidad materna son las mayores consecuencias que arrastra esta grave problemática.

La clandestinidad de los abortos y la consecuente puesta en peligro de la vida de las mujeres es una violación a sus derechos y también un negocio con su salud. El aborto ilegal implica inseguridad: raspados caseros con perejiles, perchas, pastillas mal colocadas, golpes o con un sinfín de los métodos más utilizados cuando una mujer desesperada desea interrumpir un embarazo.

Informes del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) o Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) denuncian que desde la vuelta a la democracia en Argentina cerca de 3.030 mujeres murieron víctimas de la clandestinidad del aborto. También indican que su legalización debe ser aprobada porque pese a que haya información, anticonceptivos a disposición y seguimiento médico, el problema de salud pública continúa.

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), cuyo titular es Marcelo Peretta, en 2018 deslizó datos aterradores: el aborto clandestino trae consigo un negocio que mueve cerca 15 mil millones de pesos al año en la Argentina, producto de unas 500.000 mujeres que son atendidas por profesionales de la salud en consultorios ilegales. La industria farmacéutica también saca ventaja, vendiendo una caja de 16 comprimidos de misoprostol a más de 2.700 pesos, lo que le genera al año unos 1.235 millones con un medicamento aprobado para el dolor, pero que se usa como abortivo.


El aborto clandestino trae consigo un negocio que mueve cerca 15 mil millones de pesos al año en la Argentina, producto de unas 500.000 mujeres que son atendidas por profesionales de la salud en consultorios ilegales.

Restringir el aborto no evita que se practiquen y permitir un marco legal no implica mayor índice de ellos. Aquellas regiones del mundo donde las leyes de acceso al aborto son restrictivas, como en África y América Latina, existen tasas mayores de terminación de embarazos que en las regiones donde su acceso no se criminaliza: 12 por cada mil mujeres en Europa Occidental.

En los últimos 25 años, más de 50 países modificaron su legislación, reconociendo que el acceso al aborto es imperioso para garantizar la protección de la vida y la salud de las mujeres. Asimismo, han logrado reducir sus cifras de aborto gracias a la conjugación de la educación, la anticoncepción a disposición y el aborto legal. En el promedio de los países que permiten el aborto, se registró un drástico descenso de su tasa de prácticas: de 43 abortos cada mil mujeres en edad fértil en 1990, a 27 en 2014.


En los últimos 25 años, más de 50 países modificaron su legislación, reconociendo que el acceso al aborto es imperioso para garantizar la protección de la vida y la salud de las mujeres. Han logrado reducir sus cifras de aborto gracias a la conjugación de la educación, la anticoncepción a disposición y el aborto legal.

Lo cierto es que cuando una mujer decide no continuar con un embarazo hace todo lo que está a su alcance para lograrlo. El aborto es ilegal en los países más oprimidos: el eje norte le saca una ventaja verde absoluta al eje sur, donde la clandestinidad continúa haciendo negocios con el punitivismo.