Foto: EFE | Juan Ignacio

Por Aritz Recalde

En los medios de comunicación se instaló la visión infectológica del coronavirus, que si bien es fundamental, no agota la totalidad de los aspectos que integran una política de salud pública. El hecho de centrar la mirada solamente en cuestiones de reproducción de los contagios, lleva en muchos casos a suponer que el problema se resuelve únicamente con la cuarentena y dando atención médica a la población contagiada.

En realidad, una política integral de salud tiene que incluir además de las cuestiones médicas, los aspectos sociales, emocionales y económicos vinculados. Asimismo, se tiene que contemplar la tarea de los agentes sanitarios y también la participación de la comunidad organizada, de la familia y del empresariado.

Cuatro ejes y cuatro actores de las políticas de salud

La lucha contra el Covid-19 tiene una dimensión médica. La expansión de un virus tiene que ser abordada por los infectólogos y los epidemiólogos, entre otros especialistas. En estos casos, el Estado asume la indelegable tarea de diagramar la política de salud pública. Con este fin, dispone del conocimiento y de la organización de la industria médica, de los sindicatos que administran obras sociales y sistemas hospitalarios, del personal y de diversas instituciones de la comunidad.

Para enfrentar una epidemia es central la política social. El gobierno argentino diariamente asiste a millones de familias con dificultades para trabajar y que se ven impedidas de acceder a la alimentación o a los remedios. Esta labor es aún más fundamental en el universo de las personas con movilidad reducida o en situación de riesgo. Actualmente, el Estado planifica, financia y ejecuta la política social con la activa y estratégica intervención de la comunidad organizada que conoce los problemas populares y tiene la llegada al territorio.


Una política de salud requiere de una política económica. Querer separar ambas dimensiones puede conducir al fracaso de la estrategia sanitaria y al quiebre productivo del país con el potencial escenario de desabastecimiento, inflación y saqueos.

La política de salud debe atender también las cuestiones emocionales de la población. Con este objetivo, el Estado tiene que implementar una comunicación pública y diagramar un plan de asistencia de salud mental a los millones de argentinos desesperados, asustados o deprimidos. En este aspecto juegan un rol fundamental la comunidad organizada y la familia, que es la célula básica de la sociedad y que hoy tiene la inmensa responsabilidad de acompañar y de contener emocionalmente.  

Una política de salud requiere de una política económica. Querer separar ambas dimensiones puede conducir al fracaso de la estrategia sanitaria y al quiebre productivo del país con el potencial escenario de desabastecimiento, inflación y saqueos. Por un lado, el Estado y las empresas deben planificar la producción de los recursos médicos para abastecer el mercado interno. Cabe destacar que más del 65% de la producción farmacológica que consumen los argentinos, es de origen nacional. Además, el Estado debe contribuir a garantizar las fuentes de trabajo, que son la base de los ingresos familiares. Si se pierden los empleos van a quebrar las obras sociales que le dan salud a más de 15 millones de personas. Si la economía continúa en recesión, el Estado no va a poder recaudar impuestos, aumentando aún más el déficit fiscal y produciendo un corte en la cadena de pagos de proveedores y en el pago de salarios de los empleados públicos.

La política económica del día después

Aún no se puede adelantar con certeza los tiempos que durará la circulación del coronavirus, ni tampoco cuál será la dinámica de la cuarentena. Lo que sí es seguro, es que conviviremos con este virus, como lo hacemos con tantos otros[1], y que debe preparase a la comunidad y al Estado para coexistir con ellos.  


Lo que sí es seguro, es que conviviremos con este virus, como lo hacemos con tantos otros, y que debe preparase a la comunidad y al Estado para coexistir con ellos.  

En el marco de la incertidumbre actual, es importante reconocer que no existe una “única” solución sanitaria y tampoco “la” receta económica. En realidad, cada región y cada país están implementando su propia política que surge como el resultante de su cultura, su economía y su situación sanitaria.

Incluso dentro de la misma República Argentina la situación infectológica, social y económica varía entre provincias y municipalidades, siendo correcto lo que hace el Gobierno Nacional al modificar la dinámica de la cuarentena en cada lugar.

La crisis supone una oportunidad

Históricamente, las crisis internacionales generaron perjuicios para nuestro país en el terreno económico y social. Pero en algunos casos también acarrearon nuevas oportunidades, por el hecho de que las naciones centrales se abocaron a resolver sus frentes internos y no a obstruir la posibilidad de desarrollo del resto de los países. No es casual que en el marco de la Primera Guerra Mundial ascendió al poder Hipólito Yrigoyen y tras la segunda conflagración mundial Juan Perón alcanzó la presidencia.

El gobierno de Alberto Fernández tiene un importante consenso entre la población, emanado de la reciente elección presidencial y como resultado del tratamiento que le dio a la lucha contra el coronavirus. Con ese poder aplicó medidas radicales y de excepción y puso en cuarentena a 45 millones de personas e inmovilizó a más de 400 mil pymes.

Ese poder puede utilizarse para implementar la reforma económica que la Argentina requiere para garantizar el despegue productivo y la emancipación social del pueblo. Es un momento oportuno para renegociar la deuda defendiendo los intereses argentinos, para iniciar un desarrollo industrial soberano y para implementar los cambios estructurales que el país necesita.


Ese poder puede utilizarse para implementar la reforma económica que la Argentina requiere para garantizar el despegue productivo y la emancipación social del pueblo. Es un momento oportuno para renegociar la deuda defendiendo los intereses argentinos, para iniciar un desarrollo industrial soberano y para implementar los cambios estructurales que el país necesita.

El plan económico: de la emergencia al proyecto nacional de mediano y largo plazo

El Gobierno Nacional no presentó aún un plan económico. En parte, esta falencia se le adjudica a la espera del resultado de la negociación de la deuda, que absorbe gran parte de los fondos públicos[2].

Economía de emergencia

El coronavirus llevó al Gobierno a implementar una agenda económica de emergencia tendiente a enfrentar los perjuicios que generaron el coronavirus y la cuarentena. Entre otras acciones, se buscó proteger al trabajador del sector formal con la doble indemnización o directamente prohibiendo los despidos. El Gobierno financió el 50% de los salarios de algunas empresas y entregó créditos subsidiados a los trabajadores autónomos, entre otras acciones. Además, se implementaron gestiones para atender a más de 10 millones de personas de la economía informal que reciben diariamente alimentos y asignaciones.

De la emergencia a la Nueva Argentina

El país necesita un plan integral de desarrollo que incluya un programa económico. Para poder formularlo e implementarlo se requiere de una doctrina que marque el rumbo y de una organización política que lo haga realidad. En la Argentina existen tres grandes doctrinas económicas que se pusieron en práctica: el nacionalismo industrialista popular, el desarrollismo productivista y el liberalismo agroexportador y financiero. El primer modelo lo implementó Juan Perón y tiene, entre sus grandes teóricos, a Antonio Cafiero. El desarrollismo tuvo su auge con Arturo Frondizi y entre otros pensadores que le dieron consistencia teórica se encuentran Aldo Ferrer o Enrique Gugliarmelli.

Desde nuestro punto de vista, hoy debemos orientar la economía argentina sobre principios justicialistas y desarrollistas avanzando en la industrialización, en la nacionalización productiva y en la elevación de la calidad de vida del pueblo.

Para formular e implementar el plan económico de la Nueva Argentina es fundamental dar vida al Consejo Económico y Social que anunció Alberto Fernández y que estaría integrado por representantes de la política, la producción, la cultura y el trabajo. El organismo puede funcionar de manera análoga al Consejo Nacional de Posguerra que formuló los Planes Quinquenales. Además, podría emular los Consejos que creó el ex gobernador Antonio Cafiero para implementar la gestión participativa de la provincia de Buenos Aires. 


Para formular e implementar el plan económico de la Nueva Argentina es fundamental dar vida al Consejo Económico y Social que anunció Alberto Fernández y que estaría integrado por representantes de la política, la producción, la cultura y el trabajo.

El Consejo Social garantizaría así la participación de la comunidad organizada en la gestión del Estado, otorgándole al proyecto político tanto gobernabilidad institucional como estabilidad social y macroeconómica. Además, aportaría la estructura de cuadros técnicos y profesionales existente en el movimiento obrero organizado, en el empresariado, en las universidades y en las diversas instituciones de la cultura y la ciencia.

Medidas a corto plazo: el empleo y la reactivación del mercado interno

De manera similar al gobierno que enfrentó la crisis de 2001, debe implementarse un ambicioso plan de generación de puestos de trabajo. Actualmente, el desempleo supera el 10% y junto al subempleo y la precarización dejan como saldo que alrededor del 40% de las familias tengan dificultades para proveerse de ingresos. La cuarentena profundizó una recesión que ya lleva casi dos años y todos los días se pierden puestos de trabajo, se reducen turnos en los empleos y se bajan los salarios.

Para reactivar la actividad podrían implementarse tres líneas de acción:

Planes de empleo “Estado y comunidad organizada”. En 1987 Antonio Cafiero implementó los Programas Intensivos de Trabajo, cuya estructura fue retomada en 2002 con el Plan Jefes y Jefas. El Estado provincial y nacional aportaron los recursos para sueldos y las municipalidades compraban materiales, seleccionaban y dirigían las obras. Los trabajadores se organizaron en cooperativas y otras formas sociales de producción.

Este tipo de programas sirve para hacer pequeñas obras, planes de vivienda popular o reparar  edificios públicos, clubes y las instalaciones de las asociaciones barriales. Dicho programa también puede utilizarse para financiar parte de los salarios docentes de cursos, capacitaciones y actividades culturales y deportivas en clubes, iglesias e instituciones de fomento.


Actualmente, el desempleo supera el 10% y junto al subempleo y la precarización dejan como saldo que alrededor del 40% de las familias tengan dificultades para proveerse de ingresos. La cuarentena profundizó una recesión que ya lleva casi dos años y todos los días se pierden puestos de trabajo, se reducen turnos en los empleos y se bajan los salarios.

– Programas de “Obra Pública con el sector privado”. Desde 2003, la obra pública fue uno de los grandes motores que generó empleo y que facilitó la reactivación del mercado interno. Argentina tiene una importante cantidad de empresas que reúnen técnicos, profesionales y mano de obra disponible en un país que tiene mucho por hacer.

– Programas de “apoyo al sector empresarial”. La cuarentena quebró o puso al borde del cierre a miles de pymes. Hoy los diversos países del mundo[3] están otorgando créditos subsidiados al productor, le garantizan protección arancelaria e inyectan fondos a las familias para mantener la actividad del mercado interno.

El Plan a mediano y largo plazo: el desarrollo integral

Tal cual adelantamos, el país requiere de un programa de desarrollo que incluya un plan económico queno puede dejar de implementar:

– Políticas de impulso a la tecnificación y el aumento de los volúmenes de producción del “sector agropecuario”. Se trata de un sector sumamente dinámico en la Argentina y produce parte importante de las divisas.

– Políticas de fomento del “sector industrial” tendientes a sustituir importaciones. Se deben fortalecer las acciones para aumentar las cadenas de valor, invertir en tecnología, maquinaria y en capacitación. El sector requiere de estabilidad macroeconómica, de apoyo financiero y de protección arancelaria. Se debe garantizar la existencia de un mercado interno pujante y de un mercado externo para colocar excedentes. La industria nacional, y centralmente las pymes, son los principales generadores de trabajo de calidad en el país.

– Políticas de fomento de “Regímenes especiales” de industria farmacológica, turismo, pesca, ganadería, agricultura familiar, artesanía, minería, energía, servicios públicos, ciencia y tecnología, etc.

Reformas estructurales para financiar y hacer viable el programa de desarrollo

La Argentina es inviable económica y socialmente si no impulsa un cambio estructural del funcionamiento de cinco sectores estratégicos:

– Reforma del sistema financiero. El actual sistema financiero garantiza la especulación y la fuga de recursos. Se debe terminar con el sistema que históricamente estafa al ahorrista y se tiene que orientar la tarea de los bancos hacia la producción y la capitalización nacional. Con este fin hay que modificar la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Entidades Financieras y los marcos regulatorios de los Bancos Públicos. 

– Reforma del comercio exterior. Es fundamental hacer un uso racional y nacional de las divisas en un mundo que está cada día más cerrado. Con este fin, se pueden recuperar y actualizar las experiencias de las Juntas Reguladoras y del Instituto Argentino de Promoción de Intercambio. Asimismo, nuestra dirigencia tiene un inmenso desafío en buscar nuevos mercados para colocar los excedentes productivos. Hay mucho por avanzar en la construcción del mercado sudamericano y en el comercio bilateral con acuerdos estratégicos nacionales.

– Reforma del comercio interior. El Gobierno tiene que impedir la acción inflacionaria y de cartelización productiva que hacen los grandes comercializadores. En paralelo, se tienen que expandir los mercados y ferias populares, y hay que implementar políticas de apoyo a los almacenes de cercanía. El Gobierno lanzó la Tarjeta Alimentaria y esos fondos van a los grandes supermercados. Sería deseable que el Banco Nación garantice un acceso gratuito o subsidiado al uso de posnet u otros sistemas de pago a los almacenes de cercanía.

– Reforma tributaria. Es fundamental que el sistema de recaudación de impuestos promueva la producción y que desaliente la especulación, instalando definitivamente el criterio de que «los que más tienen más aportan».

– Nuevo régimen de servicios públicos. El país necesita mejorar el funcionamiento de los servicios deelectricidad, gas, combustible y servicios de comunicación como internet y telefonía. Lo mismo ocurre en tema de rutas, autopistas, puertos, ferrocarriles, flota mercante. En todos los casos, es fundamental instalar y hacer cumplir el concepto de servicio público estratégico e impedir que sea la mera lógica comercial lo que guíe su desenvolvimiento.  

Las dificultades son muchas pero la dramática situación social y económica exige que se busquen soluciones profundas a los problemas nacionales. Llegó el momento de que la dirigencia se cargue la patria al hombro y se convenza de que política es el arte de hacer que lo necesario sea posible.


Las dificultades son muchas pero la dramática situación social y económica exige que se busquen soluciones profundas a los problemas nacionales. Llegó el momento de que la dirigencia se cargue la patria al hombro y se convenza de que política es el arte de hacer que lo necesario sea posible.

[1] Durante las últimas dos décadas cada cinco a seis años surgió o tomó estado público un nuevo virus que derivó en epidemia y/o pandemia. En el año 1997 fue la Gripe Aviar (H5N1), en 2002/3 el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), en 2009/10 la Gripe Porcina (H1N1) en 2012/5 el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y en 2019/20 el Covid 19.

[2] En un gran resumen, el país tiene una deuda pública que ronda los 324 mil millones de dólares. Actualmente, se está negociando con los poseedores de 66 mil millones de títulos en dólares bajo legislación extranjera. Además, queda definir cómo se abordará el tema de los vencimientos de los 72 mil millones con los organismos internacionales, los 37 mil millones de títulos de legislación nacional y los 146 mil de deuda interestatal.

[3] Estados Unidos, que es un país liberal, implementó el mayor plan de apoyo económico del mundo con la ley de “Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus” (CARES). El Estado le otorgó subsidios a contribuyentes y sus familias y a desempleados. Se financió a instituciones de vivienda y se prohibieron desalojos. También recibieron partidas especiales las empresas y las organizaciones sin fines de Lucro. Se destinaron recursos a la asistencia alimentaria, a la inversión en infraestructura y seguros de salud y para préstamos a estudiantes, entre otros.

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