El 10 de diciembre, Mauricio Macri dejará el gobierno y un mapa mediático-telecomunicacional más regresivo que cuando asumió. Desde el primer día de gestión, a fuerza de decretos de necesidad y urgencia, su política en la materia tendió a subordinar los organismos reguladores al gobierno de turno y favorecer a los grandes jugadores del mercado, pero a uno en particular: Cablevisión Holding, el primero en Argentina en ofrecer en un mismo paquete telefonía fija y móvil, Internet y televisión paga. Radiografía de una etapa que concibió a la comunicación como un bien que se puede comprar y vender.

Por Mauricio Molina

Fotografía: Letra P, Va Con Firma

Desde la asunción del gobierno de la Alianza Cambiemos en 2015, el campo de la comunicación empezó a sufrir severas modificaciones que reconfiguraron el mapa mediático-telecomunicacional nacional. Al calor de las discusiones impulsadas por la aparición de las nuevas tecnologías y la convergencia tecnológica, el macrismo elaboró medidas afines a los grandes jugadores del mercado.

A días de asumir, el entonces flamante presidente Mauricio Macri firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó la Ley de Ministerios para reestructurar el esquema institucional del Poder Ejecutivo. Esta medida dispuso que el área de comunicaciones asuma rango de ministerio e incluyó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) bajo su órbita.

El 31 de diciembre de 2015, se publicó el segundo decreto en la materia que modificó artículos claves de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y la Ley Argentina Digital (LAD), reemplazando a sus respectivas autoridades de aplicación por el nuevo Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

En primera instancia, esto produjo la gubernamentalización de los organismos de regulación, los cuales empezaron a depender directamente del gobierno nacional, liquidando así la representación federal y multisectorial. El directorio del ENACOM está compuesto por siete integrantes: cuatro designados por el Poder Ejecutivo y tres por el Congreso de la Nación, uno de los cuales pertenece al oficialismo, lo que significa que el macrismo tiene cinco de siete integrantes en la nueva autoridad regulatoria y, por ende, una dependencia absoluta con el gobierno de turno, que rompe con la noción de autarquía del organismo.


En primera instancia, esto produjo la gubernamentalización de los organismos de regulación, los cuales empezaron a depender directamente del gobierno nacional, liquidando así la representación federal y multisectorial.

Otro de los aspectos claves radica en la desregulación del mercado. Los límites a la concentración fueron un eje clave de la LSCA, que fue debatida a lo largo y ancho del país, en el marco de un proceso de discusión federal, plural y representativo.  Ese mismo decreto, firmado en vísperas de año nuevo, reformó el artículo 45 de la ley (límites a la concentración de licencias), derogó el artículo 161 (adecuación de quienes no cumplían con esos requisitos) y estableció un sistema de renovación indefinida de autorizaciones. Un claro guiño al Grupo Clarín, quien después de la sanción de la constitucionalidad de la LSCA por parte de la Corte Suprema de la Nación, en 2013, debía dividir su grupo empresario en seis unidades de negocios por tener posición oligopólica dentro del mercado.

Por otro lado, el decreto puso a los servicios de televisión por cable bajo la órbita de los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y las telecomunicaciones, sacándolo del marco regulatorio de la LSCA. Esta modificación, que parece un detalle técnico, implicó que cesaran las obligaciones sobre el transporte de señales locales como la composición y ordenamiento de las grillas de programación, la cuota de pantalla para las películas nacionales y producciones independientes, beneficiando a los grupos empresarios oligopólicos del sector.

Con estas modificaciones, el límite de licencias para un mismo actor pasó de 10 a 15, se habilitó su compra-venta sin autorización previa del ENACOM y se liberaron los topes de mercado, que hasta entonces estaban fijados en un 35%. En lo inmediato, estas medidas impulsadas por el gobierno nacional interrumpieron el proceso de desconcentración de la palabra que se había iniciado en nuestro país en 2009 e instalaron nuevamente la noción de la comunicación como una mera mercancía.

Fue el comienzo de una nueva etapa. El discurso que utilizó el macrismo para avanzar sobre el campo de la comunicación estuvo basado en la necesidad de avanzar hacia una legislación más “moderna”, que contemplara el proceso de convergencia tecnológica que sucede a escala global. En repetidas oportunidades, a lo largo de la presidencia de Mauricio Macri, prometieron un nuevo proyecto de ley que iba a ser remitido al Congreso. No solo nunca existió sino que las modificaciones que se introdujeron solo se hicieron vía decretos presidenciales, desconociendo al parlamento y al conjunto de la sociedad civil.


En lo inmediato, estas medidas impulsadas por el gobierno nacional interrumpieron el proceso de desconcentración de la palabra que se había iniciado en nuestro país en 2009 e instalaron nuevamente la noción de la comunicación como una mera mercancía.

Sin embargo, fue mentira que en las legislaciones aprobadas hasta el 2015 por el Congreso de la Nación no estuviera contemplada la convergencia. Si bien la mal llamada “Ley de Medios” se centraba en los servicios audiovisuales, la Ley de Argentina Digital, sancionada en 2014, contemplaba a las telecomunicaciones y las TIC, dado que permitía la entrada de las principales empresas de telecomunicaciones (Telefónica y Claro) al sector audiovisual, con los límites de concentración y topes de mercado fijados por la LSCA.

Fue el propio macrismo el que prohibió la entrada de Claro y Telefónica al mercado audiovisual al establecer, en el DNU firmado por presidente, un período de protección de dos años para que el Grupo Clarín consolide su posición dominante en el mercado y planifique su estrategia para el desarrollo de la telefonía móvil.

El nuevo paradigma de la comunicación, que está centrado en la convergencia digital, permite la reunión de los mundos audiovisual y telecomunicacional, por lo que sus implicancias se extienden más allá del plano tecnológico para abarcar también el aspecto económico, con el consecuente impacto en las prácticas sociales y la política regulatoria.

Con la llegada al gobierno de la alianza Cambiemos, el Grupo Clarín tenía dos objetivos: no solo quería que se frene el proceso de desconcentración al cual se lo estaba sometiendo, sino que también se le permita la entrada a las telecomunicaciones. En esta línea, lo primero que le permitió el ENACOM fue la adquisición de la empresa Nextel, cuarto operador de telefonía móvil país y luego, el 21 de diciembre de 2017, la fusión Cablevisión S.A y Telecom Argentina, que además cuenta con Personal, segundo operario de telefonía móvil.


Con la llegada al gobierno de la alianza Cambiemos, el Grupo Clarín tenía dos objetivos: no solo quería que se frene el proceso de desconcentración al cual se lo estaba sometiendo, sino que también se le permita la entrada a las telecomunicaciones.

Esta fusión creó la empresa de telecomunicaciones más importante de América Latina, permitiéndole al Grupo Clarín ser el primero en brindar el servicio de cuádruple play en nuestro país: TV por cable, telefonía fija, telefonía móvil e Internet. Ahora, Cablevisión Holding domina el 42% del mercado de la telefonía fija a nivel nacional, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha, el 35% de la conectividad móvil y el 45% de la televisión paga. Un monstruo comunicacional sin precedentes.

Este fortalecimiento del Grupo Clarín no se dio sin la impugnación de los otros dos grandes competidores: Telefónica y Claro. Por eso, el gobierno nacional envió el proyecto de “Ley Corta” al Congreso, que habilita la entrada de las empresas telecomunicacionales para la prestación de servicios audiovisualesy para usar la infraestructura “pasiva” del resto de los operadores pequeños, medianos y cooperativos.

La gravedad fue doble. Por un lado, el macrismo derivó la presión política en el Congreso de la Nación, y ahora, un par de años después, concluye su mandato sin sancionar dicha ley. Presión política que consistió en no promover su tratamiento y debate durante cuatro años para favorecer a la estructura de negocios del Grupo Clarín.

El tratamiento de esta ley, que se propone desde una mera visión técnica-mercantil, constituye un gran riesgo para las pymes y las cooperativas de comunicación, debido a que no se debate sobre los contenidos y las formas de producirlos, no se establece obligación alguna sobre la producción propia y local, ni se contempla la regulación del mercado. Por eso la denominación de “Ley Corta”, ya que la ley integral sobre las comunicaciones convergentes nunca llegó. Otra promesa incumplida.


Ahora, Cablevisión Holding domina el 42% del mercado de la telefonía fija a nivel nacional, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha, el 35% de la conectividad móvil y el 45% de la televisión paga. Un monstruo comunicacional sin precedentes.

Las medidas impulsadas por el gobierno nacional bajo el argumento de la “modernización” volvieron a fomentar la concentración mediática telecomunicacional, afectando la pluralidad de voces y la diversidad cultural, lo que conlleva el debilitamiento de las identidades regionales, la precarización laboral y la falta de contenidos locales e independientes.

Durante el gobierno de Mauricio Macri ha primado la visión mercantilista de las industrias culturales y creativas, aquella que desconoce su doble naturaleza: no solo son productoras de riqueza, sino que también tienen una fuerte incidencia en la conformación cultural de la sociedad, ya que son generadoras de sentidos, valores e identidades ideológicas y políticas de la población. Por lo tanto, la comunicación se convierte en un derecho inalienable de los pueblos.

Como alerta el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, las posiciones monopólicas son una amenaza a la libertad de expresión, resultando necesarias las medidas regulatorias en el campo comunicacional que garanticen tanto el derecho individual y colectivo a producir, circular y recibir información, como a preservar las identidades culturales.

El diseño e implementación de medidas regulatorias es lo que justamente se está discutiendo actualmente en la Unión Europea. Desde Bruselas impulsaron la regulación sobre Netflix y HBO, quienes en su plataforma online deben contar con un mínimo de 30% de producción europea, una forma de preservar la industria y el trabajo local ante el avance de producciones norteamericanas y chinas.

Lejos de estos debates estuvo el macrismo. La convergencia digital se utilizó en estos años como mascarón de proa para promover un nuevo proceso de desregulación del mercado y de concentración de la palabra. Repensarse desde el 2019 será la tarea para promover una intervención del Estado que regule al campo de la comunicación y que permita la pluralidad de voces indispensables para el desarrollo de la democracia en tiempos convergentes.  

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