Por Juan Cruz Solimanto

Fotografía: Ida Vázquez @idavazquez

A partir de la nueva etapa que se viene en la Argentina, urge la necesidad de realizar un diagnóstico situado de las principales problemáticas del país, y así, planificar y realizar las políticas públicas necesarias que empiecen a mostrar niveles de dignidad y justicia social. El estado de situación es alarmante dado que las condiciones que facilitan la reproducción de la vida no están garantizadas para gran parte de nuestro pueblo.

Una de ellas, la cuestión alimentaria, fue puesta en el centro del debate en septiembre de este año cuando se convirtió en ley la prórroga de la emergencia alimentaria debido a la crisis económica y social, y al costo que representa en la vida de los argentinos poder acceder a las cuatro comidas diarias. En este sentido, la ley propone “un incremento de emergencia como mínimo del 50 por ciento de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año, correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”, y aspira a “cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años, en situación de pobreza”.

Según el INDEC, los datos sobre la pobreza, indigencia y principalmente niñez en Argentina demuestran una verdadera emergencia alimentaria, que quedó reflejada en el primer semestre del 2019. La muestra determinada por 31 aglomerados urbanos evidencia que de una población de un poco más de 28 millones de personas, más de 10 millones se encuentran en situación de pobreza o indigencia, lo que representa el 35.4% de ese total.


La muestra determinada por 31 aglomerados urbanos evidencia que de una población de un poco más de 28 millones de personas, más de 10 millones se encuentran en situación de pobreza o indigencia, lo que representa el 35.4% de ese total.

En algunas ciudades, como en La Plata, los resultados superan a la media nacional, ya que, de los 882.489 habitantes, 281.793 (31,9%) se hallan bajo la línea de pobreza y 57.089 (6,5%) bajo la de indigencia, sumando ambos índices un 37,4% del total. En relación a la niñez, los datos extraídos de investigaciones de la Universidad Católica Argentina (UCA) son aún peores: une de cada dos niñes son pobres en Argentina, un dato alarmante que visibiliza la urgencia de desarrollar políticas en la materia.

Esta tendencia también se refleja en los datos obtenidos por el Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) respecto al relevamiento de los Sitios de Distribución de Alimentos (SDA), que demuestra que el aumento de los comedores en los diferentes barrio del Gran La Plata se da principalmente desde 2016, y que un 75% están destinados a niñes y adolescentes.


En relación a la niñez, los datos extraídos de investigaciones de la Universidad Católica Argentina (UCA) son aún peores: une de cada dos niñes son pobres en Argentina, un dato alarmante que visibiliza la urgencia de desarrollar políticas en la materia.

Con estos números en la mano, se vuelve necesario desarrollar políticas para hacer frente a las problemáticas que obstaculizan la reproducción de las condiciones mínimas de vida. A la cuestión alimentaria, se suma el flagelo social que se da en el ámbito del trabajo o de la vivienda, volviéndose indispensable crear, desde el Estado, políticas públicas que las aborden en lo inmediato.

Lo curioso es que el génesis de estos datos que hoy hunden al país en la emergencia alimentaria se remonta a la última dictadura cívico-militar, cuando comenzó un proceso de transformación en el mundo del trabajo que fue posibilitando la naturalización de la informalidad, la falta de empleo y con ello, la pérdida de las condiciones básicas para la reproducción de la vida. Si bien entre los años 2002 y 2015, el Estado logró volver a incluir a gran parte de los argentinos mediante políticas públicas como la Asignación Universal por Hijo o el Programa Argentina Trabaja, lo cierto es que no alcanzaron para resolver la cuestión de fondo.

La falta de empleo formal y de vivienda, sumado al aumento del costo de los alimentos en estos últimos años, son producto de la legitimación y naturalización de la informalidad, de los jóvenes ni-ni (que ni estudian, ni trabajan) y de políticas propuestas por organismos internacionales supuestamente progresistas, que buscan establecer como existente este fenómeno y ven la inclusión social como horizonte ideal a alcanzar.


La falta de empleo formal y de vivienda, sumado al aumento del costo de los alimentos en estos últimos años, son producto de la legitimación y naturalización de la informalidad, de los jóvenes ni-ni (que ni estudian, ni trabajan) y de políticas propuestas por organismos internacionales supuestamente progresistas, que buscan establecer como existente este fenómeno y ven la inclusión social como horizonte ideal a alcanzar.

Desnaturalizar las condiciones actuales se vuelve necesario para desarrollar una planificación que ponga en el centro la felicidad de nuestro pueblo. El acceso a la vivienda propia, al trabajo formal, a la repartición de ganancias tienen que ser políticas de un Estado al servicio de lo público, que priorice la felicidad de nuestro pueblo y vuelva efectivo el pasaje de la inclusión a la justicia social.

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